El derecho de asociación en la España del siglo XX

Historia

Hace un tiempo repasamos en El Obrero la historia del derecho de asociación en la España del siglo XIX. Ahora nos acercamos al siglo XX.

 

Durante el reinado de Alfonso XIII hubo una cierta preocupación por la legislación acerca del asociacionismo agrario. En el año 1906 se aprobó la Ley de Sindicatos Agrícolas. En esta disposición se incluyeron no sólo los sindicatos en sí, sino, también, las asociaciones, sociedades, comunidades y cámaras agrícolas. Esta ley promovió el sindicalismo agrario de signo católico. Los sindicatos profesionales no se aprobaron, en cambio, a pesar de algunos proyectos presentados en los años 1913 y 1919. A lo sumo, se dio un Decreto en el año 1922, pero aplicado solamente a Barcelona y su provincia. La Dictadura de Primo de Rivera prohibió las actividades de partidos políticos y sindicatos. La represión más dura fue la ejercida contra las organizaciones anarquistas y comunistas. Por otro lado, el dictador coqueteó con el PSOE y la UGT en un intento de que se incorporasen al sistema corporativo que se quiso poner en marcha, generando un intenso debate en el seno del socialismo español sobre dicha colaboración.

La Constitución de 1931 reconoció, en su artículo 39, el derecho a asociarse y sindicarse libremente. Los sindicatos y asociaciones estarían obligados a inscribirse en el registro público correspondiente, con arreglo a la ley. En 1932 se aprobó la Ley de Asociaciones profesionales de patronos y obreros, que partía de la anterior de 1887, pero que pretendía crear un nuevo sistema de relaciones laborales y aumentar la responsabilidad de los sindicatos en dicho sistema. La ley establecía los contratos colectivos de trabajo y la participación en los organismos mixtos que regulaban las bases del trabajo. Por otro lado, el artículo 26 ordenaba la disolución de las órdenes religiosas que tuvieran un voto especial de obediencia a una autoridad distinta a la del Estado; por consiguiente, fue suprimida la Compañía de Jesús. En junio de 1933 se aprobó una Ley de Congregaciones Religiosas.

El franquismo prohibió cualquier tipo de asociacionismo fuera del Movimiento Nacional, con la excepción de las asociaciones de la Iglesia Católica. La Ley de responsabilidades políticas de 1939 declaraba la responsabilidad política de las personas físicas y jurídicas que, desde el primero de octubre de 1934 hasta el 18 de julio de 1936, “contribuyeron a crear o agravar la subversión del orden”, y de aquellas personas que después de julio del 36 se hubieran opuesto al Movimiento Nacional, de forma activa o con una pasividad manifiesta. Todos los sindicatos de clase y los partidos republicanos, marxistas, nacionalistas, liberales o democráticos quedaron suspendidos e incautados sus bienes.

La Ley de Asociaciones de 1964 no contemplaba las asociaciones de tipo político y los Estatutos de Asociaciones de junio de 1969 y de 20 de diciembre de 1974 solamente permitían estas asociaciones dentro del Movimiento, rechazando siempre los partidos políticos. Recordemos que la última se aprobó después de haberse enfriado el denominado “espíritu de febrero”, que parecía que iba a iniciar una tímida apertura que nunca se plasmó en nada concreto. El día 9 de junio de 1976 la situación del derecho de asociación comenzó a cambiar en España, al aprobarse la Ley de Asociación Política, que autorizaba la existencia de los partidos políticos. En la primavera de 1977 fue legalizado el PCE. La libertad sindical llegaría en ese mismo año con la Ley de Asociación Sindical.

La Constitución de 1978 reconoce en su artículo 22 el derecho de asociación. Solamente se consideran prohibidas las asociaciones que persigan o utilicen medios tipificados como delitos, así como las secretas y paramilitares. Las asociaciones deben inscribirse en un registro, pero solamente a efectos de publicidad. Y, por fin, no se podrán disolver o suspender sin una resolución judicial motivada. En nuestra democracia la polémica más intensa que se ha desarrollado en esta materia ha sido la relacionada con la ilegalización de las organizaciones políticas independentistas vascas. Para unos, esta ilegalización fue necesaria, aludiendo al apoyo y cobertura que habrían prestado al terrorismo, mientras que para otros constituyó un atentando al derecho de asociación y, además un error político.

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