Las elecciones de noviembre de 1933 fueron las primeras en las que las mujeres españolas pudieron ejercer el derecho al voto, gracias al reconocimiento constitucional del mismo. Este hecho provocaría que las formaciones políticas tuvieran que dirigirse a las mujeres para pedir su voto. En la izquierda, además, esta movilización venía precedida por la división en el seno de la misma desde el período de debate constitucional sobre la oportunidad o no de este reconocimiento, entre los que consideraban que la mujer española tendía a las posiciones conservadoras por influencia de la Iglesia, lo que podía perjudicar el asentamiento de la República, y los que, por encima de cualquier otra consideración no querían dilatar más la aprobación de un derecho y deber de justicia e igualdad. En todo caso, había que luchar por el voto femenino.