Todos los sistemas educativos defienden y se sustentan en una serie de valores que se enseñan de forma explícita o implícita a los alumnos y que están en consonancia con los que informan los sistemas políticos, sociales y económicos donde aquellos se inscriben. Las leyes educativas de nuestro Estado actual han explicitado y explicitan la importancia del aprendizaje de los valores democráticos que son los pilares del mismo, pero en los últimos años se ha desarrollado en España una intensísima polémica entre la izquierda, la derecha y la Iglesia Católica, como principales protagonistas, acerca de la necesidad o no de la asignatura de “Educación para la Ciudadanía” en la etapa de secundaria obligatoria. Aunque ninguna de las partes cuestione los valores democráticos sí hay profundas diferencias en algunos aspectos de la interpretación de dichos valores y de otras cuestiones anejas (libertad de enseñanza y de cátedra, etc..) que proceden de las distintas posiciones ideológicas de unos y de otros. Pues bien, en este trabajo viajamos a la época liberal para buscar referencias históricas sobre la educación de valores y para conocer, en realidad, una parte del origen lejano de esas diferencias ideológicas, aunque sea de forma breve y aproximada.

La Constitución de 1812 creó las Diputaciones Provinciales dentro de la nueva estructura administrativa del Estado liberal centalizado. En su artículo 325 se establecía que en cada provincia existiese una Diputación para promover la educación y la economía. La Diputación estaría presidida por el jefe superior. Estaría conformada por el intendente y siete miembros elegidos. Al parecer, el carácter de esta nueva institución generó cierto debate, estableciéndose al final una especie de dualidad o equilibrio entre lo estrictamente representativo y lo puramente gubernamental.

Los kadetes eran los miembros del Konstitutsionnye Demokraty (KD), es decir, Demócratas Constitucionales, partido político ruso surgido después de la Revolución de 1905. El origen de la formación debe encontrarse en los escritos de Konstantin Kavelin y Boris Chicherin, y en el liderazgo político del historiador Pável Miliukov.

En el seno del conjunto de fuerzas políticas del último cuarto del siglo XIX y comienzos del XX hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial destacarán los radicales al conectar con sectores sociales y de opinión que no se veían representados en los asentados Estados liberales, a pesar de haber contribuido a derribar definitivamente el Antiguo Régimen en el largo ciclo revolucionario anterior.

En estos tiempos en los que periódicamente se habla de la posibilidad de una reforma constitucional de envergadura acudimos a la Historia para buscar ejemplos. Este artículo trata del caso del Acta Adicional del año 1856, que no fue una Constitución nueva, sino una reforma, eso sí, con poco recorrido.

Al hilo sobre la recurrente cuestión de la prostitución femenina en el debate en nuestro país podemos acudir a la Historia para conocer la consideración de la misma desde el poder. En este trabajo nos acercamos al siglo XIX.

El 23 de mayo de 1845 se votó y aprobó la Constitución de 1845, texto constitucional fundamental para entender el reinado de Isabel II, y que más tiempo estuvo en vigor, entre ese año y 1869 cuando se promulgó la Constitución de 1869, de signo democrático, después del triunfo de la Revolución Gloriosa. En 1852 hubo un intento de reforma constitucional de signo muy conservador y luego, en el Bienio Progresista (1854-1856) se pretendió aprobar, sin éxito, otro texto constitucional de signo, evidentemente, progresista.

En estos días de discusión sobre el discurso del rey Felipe, de los aplausos y no aplausos, viajamos al sistema político liberal español para analizar los Discursos de la Corona, mucho más relevantes que los actuales, dado el poder de la Corona en el constitucionalismo liberal.