Largo y Prieto en la memoria democrática de España
La votación de las tres derechas madrileñas para quitar del espacio urbano de Madrid las referencias a Francisco Largo Caballero, ministro de Trabajo y luego presidente del Consejo de Ministros, y de Indalecio Prieto, ministro de Hacienda, Obras Públicas, Marina y Aire y de Defensa Nacional de la Segunda República, además de otras responsabilidades que ambos desempeñaron en épocas anteriores, tiene dos lecturas que debemos tener en cuenta.
En primer lugar, se ha justificado esta propuesta aprobada, aunque todavía no definitiva, empleando una Ley que siempre ha sido atacada e incumplida sistemáticamente por las derechas españolas, pero que ahora se esgrime, y se hace manipulando lo que allí se expresa en un ejercicio que, en realidad, puede ser calificado de delirante, porque la Ley de Memoria Histórica en vigor expresa la obligación de terminar con cualquier símbolo, estatua, placa o recuerdo que exalte la sublevación militar, la guerra civil y la dictadura franquista. ¿Indalecio Prieto y Largo Caballero hicieron algo de lo que la Ley quería suprimir? Nadie en su sano juicio puede argumentar todo eso para dos políticos socialistas que, con sus aciertos y errores, sus grandezas y sus miserias, intentaron evitar o frenar la sublevación, la combatieron, y defendieron la legalidad vigente encarnada en la Constitución de 1931, desde sus altas responsabilidades, a las que fueron llamados por los cauces de la legalidad. Terminada la contienda, uno de ellos, Largo Caballero, sería víctima de los aliados de los sublevados, al ser detenido e internado en un campo de concentración nazi con una salud harto quebrantada, para morir poco tiempo después de ser liberado. El otro, Prieto, desde el exilio se dedicó a combatir la dictadura.
Y para intentar ganar peso en relación con esta especie de venganza, especialmente por el inicio del proceso para aprobar la nueva Ley de Memoria Democrática, se presentan unos argumentos históricos que suponen la renovación del discurso franquista de siempre en relación con los temas de siempre sobre la actuación de las autoridades republicanas en la guerra, encarnadas aquí por Largo y Prieto. Los historiadores de verdad, y hay muchos en este país, ya han desmontado toda esta retahíla de verdaderos clichés, repetidos hasta la saciedad, con documentación y análisis reposados de la misma, y así lo han declarado muchos de ellos a raíz de la noticia. No voy a insistir en eso, y a sus obras y declaraciones me remito. Pero si en los mundos académicos español y mundial ya se han considerado como tergiversaciones generadas por la propaganda franquista, el discurso se mantiene entre el franquismo sociológico, que resucitó con algunos pseudohistoriadores al amparo de la época de Aznar, y que ahora se presenta de nuevo con mucha energía gracias a una extrema derecha más potente que nunca y con un discurso harto cainita. Si argumentar con la Ley de Memoria Histórica era delirante e insensato, esto es pura propaganda revisionista, burda manipulación, muy manida, aunque ahora se escuche en las instituciones democráticas, que es lo único relativamente novedoso.
Largo y Prieto fueron personajes que generaron y generan polémica, como ocurre con todas las personalidades históricas relevantes, pero pertenecen a la memoria democrática de nuestro país, como tantos otros de distintos ámbitos y sectores, y por eso merecían y merecen el homenaje del recuerdo. Aconsejo a los lectores, especialmente a los más jóvenes a que se acerquen a estas dos figuras, a sus trayectorias, sin generar mitos tampoco, con serenidad, porque descubrirán, seguramente, muchas de sus contribuciones para que España fuera mejor desde principios del siglo XX, y que fueron sepultadas en el olvido por tantos años de mentiras y tergiversaciones.
En todo caso, tanto las estatuas de Prieto y Largo en los Nuevos Ministerios permanecerán para recodarnos quiénes fueron y qué hicieron por su país, ese que es el nuestro.