Una parte importante del movimiento de memoria histórica o democrática siempre ha considerado que no se puede mantener la impunidad del franquismo, y que no basta con la verdad y la reparación, sino que también es necesaria la justicia, haciendo responsable a los protagonistas de la Transición de no haber hecho el ejercicio correspondiente no solo en relación con la búsqueda de la verdad y la reparación, sino, sobre todo, con la justicia.

En la crisis final del franquismo la cuestión del Sahara ocupó un evidente protagonismo en nuestro país y en las fuerzas de oposición al franquismo. En ese momento crucial tanto para la historia española como para la saharaui los socialistas canarios expresaron de nuevo su opinión sobre el futuro de la que hasta entonces había sido colonia española, y que tenía que ver, tanto con la posición en la que podían quedar las Islas Canarias, como con la de los propios saharauis, consideradas, como veremos, víctimas de un nuevo colonialismo. La crítica era intensa al franquismo, pero también hacia el régimen marroquí.

En el tardofranquismo apareció la cuestión de las asociaciones políticas, una aspiración de los sectores aperturistas del régimen, pero que, en realidad, no terminó de cuajar, como ningún intento serio de aperturismo en vida del dictador Franco. Como es bien sabido, en España no había partidos políticos. El franquismo siempre sintió un profundo e intenso odio hacia los partidos de cualquier tendencia política. En este sentido, el partido único FET y de las JONS nunca llegó a calificarse como tal, sino como Movimiento Nacional. En esta aversión deberíamos encontrar la principal causa del fracaso del proyecto de asociaciones políticas, porque podían ser contempladas como partidos, es decir, a aquellas organizaciones que, supuestamente, habían llevado a España al caos en la Segunda República, siempre según la interpretación franquista más ortodoxa.

La depuración de los maestros y maestras por parte del franquismo no comenzó al terminar la contienda, sino que ya desde 1936 se puso en marcha en los territorios donde habían triunfado los rebeldes o que se iban conquistando. El inicio del proceso se da con un Decreto de 8 de noviembre de 1936. En dicha disposición se aludía a que el magisterio había estado dominado durante décadas por ideologías e instituciones disolventes en contra del "genio y la tradición nacional", por lo que se hacía preciso llevar una profunda revisión de todo el personal dedicado a la instrucción pública, extirpando las falsas doctrinas y de raíz.

El abuso de autoridad se relaciona con el mal uso de las atribuciones de los gobernantes y funcionarios de cualquier nivel y tipo de administración. En nuestro país el abuso de autoridad o del poder se relaciona con un conjunto de delitos tipificados y perseguidos por la ley. Serían el cohecho, la prevaricación, las violaciones del domicilio y del secreto de la correspondencia, incluyendo, claro está, la vinculada a la red. Por fin, estaría la detención ilegal. Pero el abuso de autoridad es aún más amplio. Incluye la obstrucción a la justicia, la percepción ilegal de impuestos, el maltrato y el trato humillante a las personas.

Para poder medrar o conservar puestos, prebendas, cargos o hasta para sobrevivir en ciertas situaciones en la dictadura franquista había que demostrar y mostrar la "adhesión inquebrantable" a Franco y al Movimiento Nacional. Pero lo más importante es que llegó a convertirse en una expresión típica de los medios de comunicación (prensa, radio, NO-DO y TVE). Era empleada constantemente para demostrar que el pueblo español aceptaba, sin fisuras, al dictador, especialmente en sus actos públicos, y en sus periódicas visitas por toda la geografía española.

El título de este artículo puede provocar perplejidad al lector, ¿qué tiene que ver el duque de Lerma con la Segunda República, y cómo ésta le salvó en los años sesenta del pasado siglo, en plena dictadura franquista? Pues bien, vamos a ver.

Creemos que está por hacer la historia de la solidaridad del movimiento obrero mundial con los trabajadores y el pueblo español en la larga época de la dictadura franquista. Existieron muchas iniciativas, ejercicios de solidaridad real y concreta, y una evidente corriente de simpatía que merece un estudio monográfico. Aquí y ahora recordamos el mensaje de solidaridad del Comité Central de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Públicos y de Gobierno de Okinawa, de 15 de enero de 1961, y que El Socialista reprodujo en sus páginas en el mes de marzo de ese mismo año. Su comunicado tenía, además, una lectura propia más local, intentando hermanar la lucha de los trabajadores de Okinawa con la española, como tendremos oportunidad de comprobar. Debemos recordar, en este sentido, que Okinawa fue ocupada por las tropas norteamericanas hasta 1972, que fue devuelta al Japón.