Siguiendo el estudio que José Almela Santafé realizó en la conferencia que dio por encargo de la Agrupación Socialista de Barcelona en 1889, nos acercamos al primer intento de legislar en España el trabajo infantil. Estamos hablando del proyecto sobre “ejercicio, policía, sociedades, jurisdicción o inspección manufacturera”, obra del ministro de Fomento Manuel Alonso Martínez en 1855, en Gobierno de Espartero en el Bienio Progresista. Al parecer, esta iniciativa era fruto de la promesa que se había hecho a los trabajadores de Barcelona para terminar con la huelga general de ese año, aunque como veremos, naufragó.

El tipógrafo Juan Almela Santafé fue uno de los fundadores de la Sociedad Tipográfica de Valencia en 1882, y cuatro años después estuvo en la creación de la Agrupación Socialista de Valencia. En 1889 pasó a residir en Barcelona, teniendo responsabilidad en su Comité durante un tiempo. Tuvo un gran protagonismo en el primer primero de mayo en Valencia. Fue esposo de Amparo Meliá, y padre de uno de los socialistas más destacados en el ámbito intelectual, Juan Almela Meliá. En su casa valenciana residía Pablo Iglesias cuando visitaba la capital levantina. Separado de su esposa, ésta pasaría con su hijo a residir en Madrid con Pablo Iglesias.

El trabajo doméstico, mayoritariamente femenino en la Historia, ha sido el sector laboral peor tratado, sin lugar a dudas, tanto en el régimen jurídico del mismo, como en el reconocimiento de sus derechos sociales. En realidad, como dice la historiadora María Jesús Espuny Tomás, la prestación de servicios domésticos no ha sido siempre considerada como una relación jurídica, por razones sociológicas, económicas, y de mentalidad. Por lo tanto, las mujeres que trabajaban en este sector no tenían derechos que sí comenzaron a disfrutar las trabajadoras de otros sectores, tanto en el ámbito industrial, como en el de otros servicios, ya desde fines del siglo XIX. En España, la Segunda República fue el período en el que más se avanzó en relación con el servicio doméstico, al incluirlo en la Ley de Contrato de Trabajo, pero no en la Ley de Jornada Máxima. En todo caso, tanto el sindicalismo socialista como el anarcosindicalismo lucharon por sus derechos, y comenzaron a incluir a estas trabajadoras en sus propias sociedades obreras.

La Ley del Contrato de Trabajo de 21 de noviembre de 1931 constituye un capítulo fundamental en la Historia laboral contemporánea española. Por un lado, recogía aspectos desarrollados por el antiguo Instituto de Reformas Sociales, y por otro asumía el programa en esta materia de los socialistas con el ministro de Trabajo al frente, Largo Caballero. Se trataba de una disposición que afectaba a todos los trabajadores y trabajadoras estableciendo normas obligatorias para la contratación. También regulaba los convenios colectivos que obligaban a los patronos y los trabajadores. Pero, además, establecía aspectos relacionados con los salarios, la finalización de los contratos, el establecimiento de vacaciones pagadas por una semana y, por fin, reconocía que el derecho de huelga no podía ser motivo de despido.

Como es sabido, Virginia González es una de las mujeres más importantes de la Historia del sindicalismo español en las primeras décadas del siglo XX. En distintos trabajos en Tribuna Feminista y en El Obrero nos estamos acercando a su conocimiento. En este nuevo artículo queremos glosar el artículo que publicó en El Socialista para el primero de mayo de 1919, y que llevaba por título:

Amparo Martí fue una intensa socialista en la Cataluña de los primeros decenios del siglo XX. Miembro de la Agrupación Socialista de Barcelona escribió intensamente en casi todas las publicaciones del socialismo catalán y español, además de ser una infatigable oradora en mítines y conferencias sobre socialismo y cooperativismo, otra de sus grandes preocupaciones. En 1913 estuvo en la fundación de la Agrupación Femenina Socialista de Barcelona, y en tiempos de la República se destacaría por su trabajo a través de la Agrupación Femenina de Propaganda Cooperatista.

En línea con nuestras investigaciones sobre el trabajo de las mujeres socialistas en los años veinte, nos acercamos a la labor de propaganda de las laboristas en los meses de junio y julio de 1928. El reconocimiento del derecho del sufragio provocaría en el Reino Unido, pero también en Europa central, un incremento del trabajo de los partidos socialistas para atraer a las mujeres en su seno y para conseguir su voto. Las militantes socialistas se pusieron a la tarea con verdadera pasión, como hemos comprobado en distintos casos.

La regulación del trabajo a domicilio, mayoritariamente desempeñado por mujeres, no se reguló hasta la Dictadura de Primo de Rivera con un Real Decreto de 26 de julio de 1926. Antes hubo intentos de hacerlo, en 1918, 1919 y 1921-22. Este asunto movilizó al sindicalismo socialista en distintas ocasiones, al considerar que las trabajadoras sufrían una dura explotación salarial y unas terribles condiciones laborales de jornadas interminables al no aplicarse la legislación laboral general. Pues bien, en este artículo nos acercamos al primer intento de regular este sector, que ocupaba, en las ciudades españoles a un considerable número de trabajadoras desde el siglo anterior. El sindicalismo femenino socialista intentó movilizar a estas trabajadoras, un asunto muy complejo porque era un trabajo que se realizaba en los domicilios y no en centro fabriles ni talleres, lo que dificultaba la acción sindical, pero, además, porque ocupaba a amplios sectores de mujeres de clase media baja, las cuales no se consideraban obreras, a pesar de su clara proletarización.