El primero de junio de 1875 el integrista El Siglo Futuro publicó lo que denominó “El credo político de los católicos”, y que puede ayudarnos a entender la visión más reaccionaria del catolicismo español en el tiempo de la Restauración. Pasemos, pues, a realizar un resumen.

El Estado belga apoyaba económicamente la enseñanza privada que estaba en su gran mayoría en manos de la Iglesia Católica, como podremos comprobar en este apunte de la época de entreguerras.

En la intervención del diputado y ministro socialista Fernando de los Ríos sobre la situación de la Iglesia en el debate constitucional en octubre de 1931 encontramos los argumentos socialistas de aquella época frente al sostenimiento económico de la Iglesia por parte del Estado.

En distintos artículos en El Obrero y gracias a ya una interesante bibliografía estamos profundizando en el anticlericalismo propio del socialismo, que tenía una evidente raíz económica, sin olvidar la dimensión de librepensamiento. En este nuevo aporte queremos ahondar en la primera y principal cuestión del anticlericalismo socialista, empleando como fuente un artículo publicado a principios de agosto de 1901 en El Socialista.

La Revolución Liberal española terminó con la fiscalidad eclesiástica por varias razones. En primer lugar, el Estado liberal no podía tolerar que otras instituciones impusieran contribuciones, así pues, se abolieron las que tenían que ver con el régimen señorial y con las que cobraba la Iglesia, especialmente en relación con el diezmo.

En principio, el naciente Estado liberal en el siglo XIX planteó desde la propia Constitución de 1812 que la educación era una competencia fundamental del Estado. En este mismo texto constitucional fue elevada a derecho, aunque luego no apareciera en las siguientes Constituciones decimonónicas. Para cumplir con la garantía del mismo había que construir un sistema educativo nacional, ya que, además, el liberalismo español era claramente centralista y buscaba la uniformidad educativa como uno de los pilares de la afirmación de la nación española frente a cualquier particularismo o concepción territorial distinta.

El Gobierno Provisional de la República requirió, al poco de constituirse, que las autoridades religiosas ordenasen a los sacerdotes que en el púlpito se limitasen a cumplir con sus deberes religiosos, es decir que no hicieran política en las iglesias.

Los socialistas denunciaron en la campaña electoral para las trascendentales elecciones municipales de abril de 1931 la intervención eclesiástica en la misma, partiendo de la concepción que tenían de la religión y de la Iglesia.