La Liga Nacional Laica elevó al Gobierno un escrito de protesta, y el PSOE protestó públicamente, ante lo que ambas organizaciones consideraban como abusos relacionados con las procesiones religiosas, un hecho que era relativamente frecuente en la España de Alfonso XIII. Nos referimos a las detenciones y multas impuestas a aquellos ciudadanos que no se descubrían en las calles al paso de las procesiones, algo que la Iglesia consideraba una falta de respeto, mientras que para la opinión pública progresista eran hechos contemplados como un ataque directo a la libertad de conciencia.