Memoria histórica

La derecha española y una parte de la opinión pública española consideran que con la aprobación por las Cortes españolas de la Ley de Memoria Histórica y los proyectos de reforma de la misma en la nueva etapa política que vive España tras la llegada de los socialistas al poder, se ha promocionado una especie de manía por las fosas comunes, obviando que la preocupación por las mismas existe desde muchísimo antes, aunque sin la proyección mediática de esta última década y media. A pesar de que esta cuestión no salía en los medios, miles de españoles pensaban en sus muertos en las fosas, desde el mismo momento que se abrieron y se cerraron deprisa con los restos de sus seres queridos. Molesta la victoria sobre el silencio que vivimos, la publicidad que alborota y despierta la mala conciencia, y, en estos momentos el intento serio de que, por fin, la Administración asuma su responsabilidad en este asunto de tanta importancia para tantos y tantas, y para la sanación de las heridas nunca cicatrizadas.

Avelina Fanjul Olay nació en Gijón a mediados de la década de los años ochenta del siglo XIX. Su padre, Celestino Fanjul, fue uno de los fundadores de la Agrupación Socialista en 1891, muriendo en 1899. Ella heredó su compromiso. Ingresó en la UGT y en la Agrupación de Gijón. Al parecer, era modista de profesión.

El 21 de agosto de 1936 era ejecutado el concejal socialista del Ayuntamiento de Zamora, Herminio Asorey Martínez. En el aniversario de su muerte recordamos su figura.

Antonio Botella Abad nació en 1888 en Aspe (Alicante).

José Clemente Vidal nació en 1895 en la localidad almeriense de Garrucha. Era agente comercial y almacenista. Se dedicaba a exportar palma y otros productos. Su familia era dueña de una fábrica de losas de cemento.

Ángel Barrios Pérez fue un sindicalista y político socialista comprometido en traer la República a Hervás (Cáceres). Fue alcalde entre 1931 y 1932 y en 1936. Fue víctima de la represión franquista.

Mauro Cardo Hierro fue un activo sindicalista y político socialista en Palencia. Sus dos compromisos le llevaron a la detención y a ser asesinado en agosto de 1936.

Pedro Amil Cuadrado fue un destacado socialista en la localidad cordobesa de Adamuz, un pueblo donde predominaba el PSOE. Durante la guerra civil fue consejero provincial de Abastos en Villanueva de Córdoba.

Columé Rodríguez fue un periodista que después de desarrollar una carrera en Madrid regresó a su Isla Cristina para dedicarse allí a su profesión y al sindicalismo en la UGT. Fue alcalde, pudo huir a Portugal aunque sería devuelto para ser condenado a prisión.

José Carlos Schwartz fue un destacado abogado, gobernador civil, político y alcalde de Santa Cruz de Tenerife en la República. Nació en en dicha ciudad en el año 1897, y fue asesinado por los franquistas el 2 de octubre de 1936.

Nació en Tremañes, antigua parroquia del Concejo de Gijón, en 1881. Su padre era un obrero francés que había llegado a Asturias para trabajar en la construcción de la red del ferrocarril de vía estrecha. De su padre aprendió la importancia del compromiso, ya que fue militante del republicanismo federal y enseñó a sus hijos el espíritu internacionalista.

La depuración de los maestros y maestras por parte del franquismo no comenzó al terminar la contienda, sino que ya desde 1936 se puso en marcha en los territorios donde habían triunfado los rebeldes o que se iban conquistando. El inicio del proceso se da con un Decreto de 8 de noviembre de 1936. En dicha disposición se aludía a que el magisterio había estado dominado durante décadas por ideologías e instituciones disolventes en contra del “genio y la tradición nacional”, por lo que se hacía preciso llevar una profunda revisión de todo el personal dedicado a la instrucción pública, extirpando las falsas doctrinas y de raíz.

NOTA DE PRENSA

Terminada la guerra civil se creaba en España un organismo jurídico especializado en la represión y condena de hombres y mujeres vinculados a la masonería, el Tribunal Especial para la Represión contra la Masonería y el Comunismo.

La noticia sobre la participación del gobierno en la repatriación de los restos de los españoles que lucharon en la División Azul en el frente ruso es, antes que nada, una excelente noticia. Hace unas semanas el autor de este artículo publicó en este mismo medio dos trabajos sobre los ejemplos británico y norteamericano en la localización, identificación y repatriación de los restos de sus conciudadanos muertos por el mundo. El gobierno español hace lo mismo, aunque de forma más modesta. Cuando uno defiende la memoria histórica no puede dejar de felicitar a su gobierno por acciones como ésta. Los ciudadanos que quieren tener en un cementerio español a sus familiares muertos tienen todo el derecho a ser atendidos por su administración.

Si en un anterior artículo nos hacíamos eco del interés de los británicos por localizar, identificar y exhumar los restos de sus ciudadanos y ciudadanas en todo el mundo, así como de honrarlos, ahora nos acercamos al caso de otro país que hace algo similar, pero aún a mayor escala y presupuesto.

El franquismo no solamente reprimió con acciones físicas (torturas, cárcel, depuraciones, confiscaciones, penas pecuniarias, trabajos forzados y ejecuciones) a los republicanos en la guerra y la posguerra, así como a todos los opositores durante el largo período histórico que duró la dictadura. El franquismo también empleó otros tipos de represión de tipo psicológico, moral y espiritual, constituyendo casi un modelo en este sentido. Algunas de sus consecuencias se siguen viviendo en el momento actual, lo que demostraría la fuerza y el éxito del franquismo en la tarea de reprimir. En este artículo hablaremos de este otro tipo de represión, aunque no deberíamos olvidar que en este grupo estarían incluidas las represiones intelectuales y culturales, pero que, al igual que las físicas, son más conocidas.

El título de este artículo pretende reflejar cómo el franquismo ha sido el sistema político que más ha atentado contra la propiedad privada en la historia contemporánea española, a pesar de que parece algo paradójico.

La derecha española y una parte de la opinión pública española consideran que con la aprobación por las Cortes españolas de la Ley de Memoria Histórica, se ha promocionado una especie de manía por las fosas comunes, obviando que la preocupación por las mismas existe desde muchísimo antes, aunque sin la proyección mediática de los últimos años. A pesar de que esta cuestión no salía en los medios, miles de españoles pensaban en sus muertos en las fosas, sin olvidar que ya había antes asociaciones de memoria histórica. Que no se salga en los medios no significa que el problema no existiera. Lo que molesta es la publicidad que alborota y despierta la mala conciencia.

La lucha por la memoria histórica en nuestro país tiene diversas facetas. Una de ellas, sin lugar a dudas, es combatir la impunidad. En este artículo pretendemos realizar una reflexión sobre este concepto.