No se alarme, estimado lector, Rafael del Riego llevaba muchos años muerto en mayo de 1936, ajusticiado por Fernando VII. Pero a finales de aquel mes, el político republicano Álvaro de Albornoz recuperó su figura en una conferencia que impartió en el Ateneo, donde, al final, aprovechó, a propósito de lo disertado, para ofrecer su visión de lo que debían hacer el Gobierno y las Cortes del Frente Popular, muy en la línea de la radicalización política que experimentó a partir de 1933. No olvidemos que en abril había sido propuesto por la izquierda obrera como presidente de la República, aunque al final la candidatura se decantaría hacia Azaña, precisamente por el excesivo “izquierdismo” de Albornoz.

En el mes de octubre de 1936 el Ministerio de la Gobernación tomó la resolución de proceder a la incautación de colchones y mantas para los milicianos y soldados que combatían por la República. Recordamos este hecho en este otoño de tantas décadas después.

La depuración de los maestros y maestras por parte del franquismo no comenzó al terminar la contienda, sino que ya desde 1936 se puso en marcha en los territorios donde habían triunfado los rebeldes o que se iban conquistando. El inicio del proceso se da con un Decreto de 8 de noviembre de 1936. En dicha disposición se aludía a que el magisterio había estado dominado durante décadas por ideologías e instituciones disolventes en contra del "genio y la tradición nacional", por lo que se hacía preciso llevar una profunda revisión de todo el personal dedicado a la instrucción pública, extirpando las falsas doctrinas y de raíz.

Matilde Huici realizó en las páginas de El Socialista, después de las elecciones de febrero de 1936 una reflexión sobre la mujer en ese momento histórico, que pretendemos comentar en el presente artículo, porque aporta ideas importantes sobre los derechos de la misma.

Dentro de la serie que estamos dedicando a la cuestión de los alquileres al comenzar la Guerra Civil en la España republicana nos acercamos a un aspecto específico de esta cuestión en relación con las fincas urbanas incautadas y el pago de alquileres en la mismas cuando se puso en marcha el nuevo Gobierno de la República, presidido por Largo Caballero, siendo ministro de Hacienda, Negrín.

La presión de la organización de los inquilinos españoles consiguió que el nuevo Gobierno de Largo Caballero fuera más allá de la moratoria y rebaja de agosto de 1936 del Gobierno Giral. Este artículo sigue la serie que estamos dedicando a esta cuestión, y estudia este nuevo decreto.

En un anterior trabajo estudiamos la decisión del Gobierno de la República sobre la moratoria y rebaja de alquileres, que se tomó a primeros de agosto de 1936 por la situación de guerra. También vimos cómo funcionaba la resistencia pasiva de muchos propietarios para no alquilar los pisos. Pues bien, en esta nueva entrega queremos presentar la reacción del Consistorio madrileño ante esta situación para que no hubiera viviendas sin alquilar. Las decisiones las tomó la Comisión de Policía urbana, y entraron en vigor el primero de septiembre.

Unas semanas después del golpe de Estado y del inicio de la Guerra Civil se planteó la cuestión de los alquileres en la España fiel a la República, asunto de capital importancia porque afectaba a la mayoría de la población.