La Employer’s Liability Act o la responsabilidad de los empleadores (1880)

Los trabajadores británicos estaban desprotegidos si sufrían daños desempeñando sus funciones laborales, y no podían conseguir indemnizaciones de los patronos. Existía una doctrina conocida como del Empleo Común, consistente en que, si la persona que ocasionaba y la persona que sufría algún tipo de lesión y eran compañeros de trabajo en un empleo común, el empresario no era responsable. Esta doctrina nació en 1837 en el caso de Prietsley contra Fowler. De esta manera, un empresario no tenía responsabilidad alguna cuando se sufría un accidente laboral causado por uno de sus subordinados sobre otro subordinado, incluyéndose directores, encargados o supervisores porque, insistimos, tenían un “empleo común”. Además, otra consecuencia de esta doctrina fue que los empleadores no se preocuparon mucho de mejorar las condiciones de higiene y seguridad en sus empresas. Los sindicatos se vieron en la obligación de atender a estos trabajadores a través de su función asistencial, generando un desorbitado gasto para los mismos, había cuenta que los accidentes eran muy comunes.

En consecuencia, los sindicatos británicos encontraron otro objetivo de lucha. El inicio del combate contra la esta ley fue protagonizado por el líder sindical minero y diputado Alexander McDonald, diputado en el Parlamento, con una reforma presentada en 1876. Pero los sindicatos, con el protagonismo de los mineros y ferroviarios, no habían vencido, ya que las compañías ferroviarias consiguieron bloquear esta reforma al principio. Solamente fue la primera batalla porque los defensores de la reforma volvieron a presentarla, y después de distintas discusiones y dictámenes se consiguió aprobar la ley que da nombre a nuestro artículo en el año 1880.

La Ley establecía el derecho de los trabajadores a recibir una indemnización por lesiones o muerte cuando éstas hubieran sido provocadas por un defecto en el equipo o maquinaria, una negligencia de cualquier persona que el empresario tuviera en el centro de trabajo, es decir, directivos o encargados, o en un acto u omisión que se siguiera recibiendo directrices u órdenes del empleador o de un representante del mismo. La Ley también puso límites a la cantidad de compensación que se pudiera solicitar. En todo caso, al parecer, un porcentaje relativamente alto de trabajadores, especialmente en el sector ferroviario, optó más por acogerse a planes de seguro mutuo, establecidos entre el empleador y el empleado. La Ley permitía este sistema que podríamos calificar de paralelo. Por otro lado, la reforma no se aplicó a todas las categorías de empleos ni a todos los tipos de accidentes. Estas fueron dos importantes razones por las que los sindicatos no consideraron el cambio como plenamente satisfactorio. La situación fue mejorando con las reformas posteriores de 1897 y 1906.