Los comedores sociales en Madrid en 1933

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La asistencia social municipal madrileña mejoró sustancialmente en tiempos de la Segunda República al aumentarse el presupuesto destinado a este cometido. En esta tarea tuvo un especial protagonismo el socialista Rafael Henche de la Plata, panadero de profesión, y que tuvo un especial protagonismo en el Ayuntamiento de Madrid desde 1931, con los vaivenes propios de la Revolución de octubre de 1934, hasta el mismo final de la Guerra Civil. En este sentido, es importante destacar que desde un profunda vocación municipal los socialistas siempre impulsaron políticas de atención social desde el primer momento que entraron en los Consistorios en el tránsito del siglo XIX al XX.

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El Ayuntamiento de Madrid ante los pisos desalquilados en 1936

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En un anterior trabajo estudiamos la decisión del Gobierno de la República sobre la moratoria y rebaja de alquileres, que se tomó a primeros de agosto de 1936 por la situación de guerra. También vimos cómo funcionaba la resistencia pasiva de muchos propietarios para no alquilar los pisos. Pues bien, en esta nueva entrega queremos presentar la reacción del Consistorio madrileño ante esta situación para que no hubiera viviendas sin alquilar. Las decisiones las tomó la Comisión de Policía urbana, y entraron en vigor el primero de septiembre.

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La minoría socialista en el Ayuntamiento de Madrid contra el impuesto de consumos en el verano de 1910

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El término de “consumos” alude al conjunto de impuestos indirectos que gravaban el consumo de la población. La denominación aludía a varias figuras impositivas, generando cierta confusión hasta la reforma hacendística de Mon-Santillán de 1845, cuando por vez primera se estructuró el sistema fiscal español en el Estado liberal. En ese momento se creó la Contribución General de Consumos. Era un impuesto general, ordinario e indirecto que gravaba una veintena de productos básicos, de “comer, beber y arder”. A cada población se le asignaba una cantidad anual que debía remitir a la hacienda pública. La cantidad se calculaba atendiendo al número de habitantes de cada localidad, entre otros criterios. Los Ayuntamientos estaban autorizados a imponer recargos sobre los productos gravados de hasta un 100%. De esta manera, esta contribución se convirtió en la principal fuente de ingresos, tanto de la Hacienda nacional, como de las Haciendas locales.

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