Cuando Hermenegildo Giner de los Ríos reclamaba treinta mil escuelas en 1911

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Hermenegildo Giner de los Ríos (1847-1923) ha pasado a la Historia como uno de los grandes pedagogos de este país, hermano del inmortal Francisco, y padre de Gloria Giner de los Ríos, otro personaje clave en la pedagogía y esposa de Fernando de los Ríos, es decir, miembro de una familia con tantos personajes claves, en torno a la Institución Libre de Enseñanza. Hermenegildo fue también jurista y político republicano (concejal en Barcelona, y diputado en el Congreso por dicha ciudad). En este artículo recordamos cómo desde las páginas de Vida Socialista reclamaba en el otoño de 1911 treinta mil escuelas para España.

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Los padres en el sistema educativo liberal español

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Aunque los protagonistas principales del proceso de enseñanza-aprendizaje son los alumnos y los profesores, los padres siempre han jugado un papel, eso sí, cambiante en el tiempo. Este artículo versa sobre esta cuestión en la época liberal cuando se creó el primer sistema educativo para todo el Estado español. Nos centraremos en la etapa de primaria.

La Ley que planteó provisionalmente el Plan de Instrucción Primaria de 1838 estableció en su título VI los deberes de los padres o tutores de los alumnos, siendo seguramente la primera vez que se hacía. El artículo 26 dejaba muy claro que era obligación de los padres o tutores el procurar a los hijos o tutorados “aquel grado de instrucción que pueda hacerlos útiles á la sociedad y á sí mismos”.

Pero, además, también involucraba en esta obligación a los poderes públicos, ya que ordenaba a las Comisiones locales de Educación que estableciesen cuantos medios estimasen oportunos para estimular a los padres y tutores legales con el fin de que cumpliesen con ese deber y para remover cuantos obstáculos lo impidiesen. Había que llevar un registro de las acciones emprendidas por estos organismos de la administración educativa, así como, de las amonestaciones impuestas a los padres y tutores. Si esa documentación existe, que no sabemos, sería harto interesante para conocer mejor el absentismo escolar en el siglo XIX. En una palabra, el Estado establecía un régimen de sanciones en relación con los padres que no cumpliesen sus obligaciones como tales.

La cuestión de las amonestaciones se desarrolló en la Ley Moyano de 1857, que fue, como sabemos, la disposición que creó el sistema educativo liberal. En el artículo séptimo se establecía la obligatoriedad de la enseñanza elemental y que los padres o tutores debían enviar a las escuelas públicas a sus hijos o pupilos entre los seis y nueve años de edad, a menos que recibiesen instrucción adecuada en casa o en escuelas particulares. El artículo octavo de esta disposición dictaminaba que los que no cumplieren con ese deber, habiendo escuela en el pueblo o una distancia prudencial, serían amonestados por la autoridad y sancionados con una multa de entre 2 y 20 reales. Pero no parece suficiente con acercarnos a la legislación educativa para intentar comprender la cuestión de la responsabilidad de los padres en la educación de los hijos en la época que nos ocupa. El absentismo escolar fue muy alto durante todo el siglo XIX porque la realidad socioeconómica de muchas familias impidió que muchos niños y niñas de condición social humilde, tanto en el campo como en la ciudad, pudieran acudir a la escuela primaria o que permanecieran en la misma hasta el final de esta etapa educativa, aunque la primaria fuera gratuita, siempre que se demostrase la falta de recursos. No sabemos si se impusieron muchas multas o si, por el contrario, la Administración no se empeñó en hacer cumplir la ley en este aspecto; seguramente dependió del celo o interés de cada maestro u organismo de control educativo local. Pero el Estado liberal fracasó a la hora de escolarizar a todos los niños y niñas en educación primaria. Las causas de ese fracaso, por tanto, no deben buscarse en la falta de interés de los padres y madres de condición humilde por la educación de sus hijos ni en que, presumiblemente, no se persiguiese sistemáticamente ese absentismo; el problema estaba en otro lugar, como ya hemos apuntado, es decir, en la difícil e insegura situación económica de la mayoría de las familias españolas del siglo XIX, y más en el ámbito rural. Los niños y niñas a edades muy tempranas se incorporaban al mercado de trabajo o colaboraban en las tareas agrícolas. Sus salarios podían ser muy bajos, pero eran vitales para que las familias sobreviviesen. No basta con establecer la obligatoriedad de la enseñanza primaria ni estipular multas por incumplimientos de lo dispuesto en la legislación educativa, hacían falta profundos cambios socioeconómicos para que todos los niños y niñas españoles pudieran acudir a la escuela, y no tener que trabajar.

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