En esta pieza estudiamos un aspecto legal poco conocido de los inicios de la Segunda República Española, pero sumamente importante porque estableció el marco legal en España desde mediados de abril hasta la aprobación de la Constitución en diciembre de 1931. Nos referimos al Estatuto Jurídico del Gobierno Provisional.

Después del pronunciamiento de Martínez Campos en diciembre de 1874, Alfonso XII, hijo de Isabel II, es proclamado rey.

En el aniversario de la proclamación de la Segunda República, en medio de la crisis brutal del coronavirus, y de la también crisis de la Corona española pretendemos hacer una reflexión sobre la República, partiendo de la pregunta: ¿sería conveniente, en el marco de un proceso constituyente, que España inaugurara la Tercera República?

En 1931 España quedó definida en el artículo primero de la Constitución como:

“… una República democrática de trabajadores de toda clase, que se organiza en régimen de Libertad y de Justicia”

Convencidos de que este país tiene que emprender una seria, serena pero intensa reflexión sobre su futuro después de que podamos superar esta tragedia, abogamos porque se emprenda un nuevo proceso constituyente.

Iniciamos una serie para dar más a conocer qué derechos tenían reconocidos los españoles en las Constituciones, Cartas Otorgadas y Leyes Fundamentales en la Historia contemporánea. Comenzamos por el Estatuto de Bayona.

En estos tiempos en los que periódicamente se habla de la posibilidad de una reforma constitucional de envergadura acudimos a la Historia para buscar ejemplos. Este artículo trata del caso del Acta Adicional del año 1856, que no fue una Constitución nueva, sino una reforma, eso sí, con poco recorrido.

El 23 de mayo de 1845 se votó y aprobó la Constitución de 1845, texto constitucional fundamental para entender el reinado de Isabel II, y que más tiempo estuvo en vigor, entre ese año y 1869 cuando se promulgó la Constitución de 1869, de signo democrático, después del triunfo de la Revolución Gloriosa. En 1852 hubo un intento de reforma constitucional de signo muy conservador y luego, en el Bienio Progresista (1854-1856) se pretendió aprobar, sin éxito, otro texto constitucional de signo, evidentemente, progresista.