La Constitución de 1837
La situación política no terminaba de estabilizarse. A finales de julio, la Guardia Nacional se declaró a favor de la Constitución de 1812, pero ante la negativa de la regente a aceptar este cambio constitucional, el 12 de agosto se produjo la rebelión de los sargentos en La Granja que obligó a la reina gobernadora a restablecer la Constitución de 1812. Subió al poder otro gobierno progresista que se dedicó a restablecer gran parte de la legislación del Trienio Liberal y a democratizar los ayuntamientos al establecerse el sufragio universal para la elección de alcaldes. Pero el resultado más importante del motín y de la nueva situación política fue la convocatoria de unas Cortes para elaborar un nuevo texto constitucional.
La Constitución de 1837 es calificada como progresista porque recuperaba aspectos del liberalismo de 1812, aunque aceptaba planteamientos importantes del liberalismo moderado. Con esta decisión se perseguía crear un texto constitucional de consenso entre las dos corrientes del liberalismo. En relación con el liberalismo progresista se mantuvo la separación de poderes y la importancia concedida a los derechos individuales. Pero los valores del liberalismo moderado imperaban en la nueva Constitución porque se reforzaba el poder de la Corona. Aunque se mantenía el principio de la soberanía nacional, este se matizó, puesto que la potestad legislativa se atribuyó conjuntamente a las Cortes y el rey. Era una aproximación al concepto de soberanía compartida. La Corona tenía el derecho de veto y podía disolver las Cortes. Por otro lado, las Cortes pasaron a ser bicamerales: Congreso de Diputados y Senado.
Otra aproximación hacia el liberalismo moderado fue la ley electoral de 1837, al establecer el sufragio censitario. En las elecciones solamente podía participar el 2% de la población. Esta ley inauguró una práctica común del siglo XIX española: el falseamiento de los resultados electorales y el control del proceso electoral por parte del gobierno.