La situación política no terminaba de estabilizarse. A finales de julio, la Guardia Nacional se declaró a favor de la Constitución de 1812, pero ante la negativa de la regente a aceptar este cambio constitucional, el 12 de agosto se produjo la rebelión de los sargentos en La Granja que obligó a la reina gobernadora a restablecer la Constitución de 1812. Subió al poder otro gobierno progresista que se dedicó a restablecer gran parte de la legislación del Trienio Liberal y a democratizar los ayuntamientos al establecerse el sufragio universal para la elección de alcaldes. Pero el resultado más importante del motín y de la nueva situación política fue la convocatoria de unas Cortes para elaborar un nuevo texto constitucional.