En 1945, Harold Wilson publicó A New Deal for Coal, donde, a través de su experiencia administrativa durante la guerra, defendió la nacionalización del carbón, base del programa laborista al respecto.

El 20 de agosto de 1921 tuvo lugar una reunión entre Largo Caballero, Cordero y Blázquez, representando a la UGT y el PSOE y el ministro de la Gobernación el coronel Rafael Coello de Portugal, en el recién nombrado Gobierno (13 de agosto) de Antonio Maura. Coello había querido incorporarse a Marruecos como consecuencia del Desastre de Annual, y acababa de ejercer como gobernador civil de Zaragoza donde, según una de las fuentes empleadas para la elaboración de este artículo, pudo resolver de forma conciliadora los intensos conflictos sociales, pero fue nombrado ministro. Es importante destacar esta perspectiva, que encontramos en el Diccionario de la Real Academia de la Historia porque contrasta con la opinión socialista, sacada de la entrevista del día 20, y que versó, precisamente, sobre cuestiones sociales, aunque de todo el país.

Los socialistas reclamaron, una vez más, el restablecimiento de la normalidad constitucional. El ministro les informó que llevaría este asunto al Consejo de Ministros porque el Gobierno aún no se había ocupado del asunto. Aprovecharon para protestar por la que consideraban formas arbitrarias de actuar por parte de alcaldes y gobernadores en relación con la Ley de Reuniones, porque no consentían que se celebrasen actos de propaganda. Los socialistas querían saber el criterio del nuevo Gobierno. El ministro no les dio una respuesta. Les comunicó que se informaría y que, en consecuencia, resolvería. Esta fue la respuesta para casi todas sus demandas, como tendremos oportunidad de ver.

Otra preocupación de los dirigentes obreros tenía que ver con el criterio que seguía el Gobierno con los presos gubernativos. Tampoco obtuvieron una respuesta que consideraran satisfactoria, centrándose, precisamente, en su reciente gestión en Zaragoza. Los socialistas opinaban que el ministro parecía enamorado de su proceder, y le preguntaron por la situación de Chueca, al que Coello de Portugal contestó que la policía le consideraba peligrosísimo. Recordemos que José Chueca fue impresor y vendedor de periódicos, natural de Madrid, pero que desarrolló toda su vida en Zaragoza que comenzó su compromiso en el universo anarquista. En ese momento estaba, como vemos, en prisión, siendo un personaje muy perseguido en aquella época. Al final, en 1924 ingresaría en la Agrupación Socialista de Zaragoza, para morir en 1927.

Por último, los representantes de las dos organizaciones socialistas plantearon al ministro la situación de la Casa del Pueblo de Bilbao, exponiendo que los trabajadores estaban siendo atropellados, prohibiéndoles reunirse y pidiéndoles de forma injustificada los nombres de los que componían las Juntas directivas, deteniendo a treinta y seis miembros de la Casa del Pueblo, además de amenazar con cerrarla. El ministro prometió informarse inmediatamente por teléfono sobre lo que ocurría para poder tomar las medidas necesarias con el fin de normalizar la situación.

Los representantes socialistas no sacaron una muy buena impresión de la reunión, más bien, pesimista. Consideraban, como ya hemos apuntado más arriba, que el ministro se sentía muy orgulloso de lo que había hecho en Zaragoza, pero cuyo proceder calificaron de violento, en contraste con lo que expusimos más arriba. Opinaban que parecía que quería imponer ese proceder ahora en toda España desde su responsabilidad ministerial.

Al parecer, el ministro les había explicado su interpretación sobre el asociacionismo obrero con el que no estaban en absoluto de acuerdo. Según los socialistas, Coello de Portugal opinaba que los obreros podían y debían organizarse por gremios, por asociaciones de oficios, pero no debían formar grandes conglomerados de trabajadores en un mismo organismo. Los representantes socialistas le advirtieron que era una teoría peligrosa porque si así se pensaba desde el Gobierno se tenía que decretar la disolución de la UGT porque era uno de esos conglomerados u organismo centralizado, del cual formaban parte todas las organizaciones profesionales que querían pertenecer al mismo. Pero, además, le advirtieron que ese criterio chocaba con la propia Ley de Asociaciones. En este sentido, al parecer, el ministro les había respondido que la ley no importaba cuando peligraba la seguridad del Estado, porque el Gobierno no tenía más remedio que garantizar en todo momento la seguridad del Estado.

Este era el problema fundamental para los socialistas, es decir, que al ministro solamente le importaba, o le obsesionaba la seguridad del Estado en relación con los sindicatos. Con tal de dar la impresión de estar asegurada la “vida del Estado” estaba dispuesto a anular los derechos de la ciudadanía. Hemos consultado el número 3907 de El Socialista de 20 de agosto de 1921, el Diccionario Biográfico de Socialismo Español, y la biografía del ministro Coello de Portugal en el Diccionario Biográfico de la Real Academia de la Historia.

Siguiendo nuestro método de emplear materiales históricos para promover la reflexión actual, y al calor del cambio de gobierno, buceamos en El Socialista sobre un editorial, también de principios de julio, pero de 1930, en plena Dictablanda, en donde se reflexiona sobre cómo debían ser los gobiernos. A lo mejor, dicho texto pueda darnos algunas pistas para ahora.

Existen dos Comunidades en España donde sus gobernantes están provocando una situación extraña, generando que Cataluña y Madrid se estén convirtiendo en excepciones en relación con el resto del país, preocupado por la pandemia, la crisis económica, el paro, la educación, las pensiones, la sanidad, etc., en una palabra, por los problemas que, en nuestra opinión, verdaderamente importan. No es que los catalanes y madrileños no se preocupen de estas cosas también, pero se da la circunstancia de que sus gobernantes viven otra realidad, hasta la obsesión, por el nacionalismo ya sea catalanista, ya españolista, por lo identitario, considerando que las formaciones no nacionalistas o son el peligro a batir porque impedirían que Cataluña fuese un Estado, o porque estarían minando a España al pactar con sus enemigos nacionalistas separatistas, además de querer imponer un supuesto régimen social-comunista. Los nacionalismos y las derechas en ambas Comunidades están generando un verdadero delirio mediático.

Como venimos insistiendo en muchos trabajos la evolución del laborismo británico fue una prioridad informativa en El Socialista, dentro del interés que despertó en el socialismo español después de la escisión comunista, y durante toda la década de los años veinte, un asunto que sigue esperando un estudio monográfico. La llegada de los laboristas al Gobierno en 1924 impactó sobremanera en el PSOE, y El Socialista se llenó de noticias, artículos de opinión, etc, sin olvidar el debate que se generó, precisamente, en los mismos días de marzo en los que nos hacemos eco de la entrevista realizada al ministro Frank Hodges por el belga Le Peuple, por una conferencia de Fabra i Ribas sobre el ejemplo laborista para el caso español, y que precipitó que Indalecio Prieto diera su opinión, un asunto que trataremos en algún momento.

En algún trabajo hemos abordado de forma concreta algunas gestiones que el Partido Socialista realizó ante la Presidencia del Consejo de Ministros y/o a algunos Ministerios, aludiendo a que esta era una tarea que no ha sido muy estudiada a la hora de abordar la Historia del PSOE. Efectivamente, es una función poco conocida, pero muy intensa, especialmente en el reinado de Alfonso XIII. No sólo se trabajaba en el Congreso de los Diputados por parte de la minoría socialista, sino también ante las instancias de poder para plantear reclamaciones, peticiones, denuncias, y para que se solucionasen problemas o se adoptasen políticas y medidas sobre casi todos los asuntos. En este artículo exponemos las gestiones se produjeron entre el Congreso del PSOE de noviembre de 1918 y el de diciembre del año siguiente, centrándonos en la preocupación socialista por los trabajadores españoles en el extranjero.

El presidente del Gobierno ha declarado que la información sobre el paradero del rey Juan Carlos no incumbe al poder ejecutivo, sino, en todo caso a la Casa Real o al propio interesado. Por otro lado, hay líderes políticos que insisten en estos días sobre el derecho del rey emérito a estar donde estime oportuno y a no a dar cuenta de su paradero.

En distintos trabajos nos hemos acercado al estudio del denominado Cartel de las Izquierdas (1924-1926) de Francia, en un gobierno de Herriot con apoyo externo de los socialistas. En esta nueva entrega recuperamos un material para profundizar en esta materia. Se trata de una síntesis del programa del nuevo Gobierno, a través de una carta pública que el radical-socialista Herriot envió al líder socialista Blum, y que los socialistas españoles recogieron en su periódico, a primeros de junio de 1924.