La reforma fiscal de Mon-Santillán de 1845

Historia

La reforma hacendística más importante del siglo XIX fue la emprendida por Mon-Santillán en 1845, en la Década Moderada, que acabó con el desorden de la hacienda del Antiguo Régimen, y sentó las bases de una hacienda moderna: simplificación y racionalización del sistema fiscal, además de la extensión a toda la población de los impuestos, lo que suponía la aplicación del principio liberal de igualdad ante la ley.

 

En todo caso, la reforma no alcanzó la equidad en la contribución al primar los impuestos indirectos (consumos), ni la suficiencia en los ingresos. El término de “consumos” se refiere al conjunto de impuestos indirectos que gravaban el consumo de la población. La denominación aludía a varias figuras impositivas, generando cierta confusión hasta la reforma hacendística de Mon-Santillán. En ese momento se creó la Contribución General de Consumos. Era un impuesto general, ordinario e indirecto que gravaba una veintena de productos básicos, de “comer, beber y arder”. A cada población se le asignaba una cantidad anual que debía remitir a la hacienda pública. La cantidad se calculaba atendiendo al número de habitantes de cada localidad, entre otros criterios. Pero, además, los Ayuntamientos estaban autorizados a imponer recargos sobre los productos gravados de hasta un 100%. De esta manera, esta contribución se convirtió en la principal fuente de ingresos, tanto de la hacienda nacional, como de las locales. Los consumos generaron muchos problemas por las dificultades para su recaudación, coexistiendo varios procedimientos para hacerlo. Pero la polémica principal tenía que ver con el hecho de que gravaba productos de primera necesidad, afectando a las clases populares. Muchas de las revueltas, protestas y motines decimonónicos tuvieron que ver con el deseo de la población de rebajar o suprimir los consumos, o esta demanda acompañaba a otras de diverso signo, como las que tenían que ver con el sistema de reclutamiento, y contra la elevación de los precios por la falta de pan y del resto de las subsistencias, dadas las periódicas crisis de subsistencia que aún en el siglo XIX se daban en España, junto con otras crisis económicas más capitalistas. Los consumos encarecían el precio final de los productos, pero, además, su recaudación generaba una clara desigualdad, ya que los grandes propietarios y comerciantes podían zafarse del pago de los consumos gracias al fraude. Por otro lado, se protestaba también porque los intermediarios basaban sus negocios en el recargo y encarecimiento de los productos básicos.

En relación con la hacienda decimonónica hay que resaltar la creación del presupuesto, documento en el que el Estado registra las previsiones de ingresos y de gastos, y que se produjo previamente, en tiempos de Fernando VII. Con el establecimiento del sistema liberal el presupuesto debía ser aprobado por las Cortes, ya que los ingresos procedían de las contribuciones de los ciudadanos.

El principal problema de la Hacienda española del siglo XIX fue la insuficiencia de ingresos, que no alcanzaban para cubrir los gastos del Estado. El presupuesto siempre fue deficitario. Y como las necesidades del Estado se incrementaron durante el siglo (especialmente, por las guerras), no quedó más alternativa que emitir deuda pública. Esta deuda pública se vinculó en el reinado de Isabel II a las desamortizaciones, especialmente a la de Mendizábal. La deuda pública tuvo una influencia muy negativa en la economía española, ya que absorbió capital que podía haberse canalizado hacia la economía productiva.

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