Los derechos de los españoles: el Estatuto de Bayona

Historia

Iniciamos una serie para dar más a conocer qué derechos tenían reconocidos los españoles en las Constituciones, Cartas Otorgadas y Leyes Fundamentales en la Historia contemporánea. Comenzamos por el Estatuto de Bayona.

 

“Art. 39. Toca al Senado velar sobre la conservación de la libertad individual y de la libertad de la imprenta, luego que esta última se establezca por ley, como se previene después, título XIII, artículo 145. El Senado ejercerá facultades de modo que se prescribirá en los artículos siguientes.

Art. 40. Una junta de cinco senadores nombrados por el mismo Senado, conocerá, en virtud de parte que le da el ministro de Policía General, de las prisiones ejecutadas con arreglo al artículo 134 del título XIII, cuando las personas presas no han sido puestas en libertad, o entregadas a disposición de los tribunales, dentro de un mes de su prisión. Esta junta se llamará Junta Senatoria de Libertad Individual.

Art. 41. Todas las personas presas y no puestas en libertad o en juicio dentro del mes de su prisión, podrán recurrir directamente por sí, sus parientes o representantes, y por medio de petición, a la Junta Senatoria de Libertad Individual.

Art. 126. La casa de todo habitante en el territorio de España y de Indias es un asilo inviolable: no se podrá entrar en ella sino de día y para un objeto especial determinado por una ley, o por una orden que dimane de la autoridad pública.

Art. 132. Todos aquellos que no habiendo recibido de la ley la facultad de hacer prender, manden, firmen y ejecuten la prisión de cualquiera persona, todos aquellos que aun en el caso de una prisión autorizada por la ley reciban o detengan al preso en un lugar que no esté pública y legalmente destinado a prisión, y todos los alcaides y carceleros que contravengan a las disposiciones de los tres artículos precedentes, incurrirán en el crimen de detención arbitraria.

Art. 145. Dos años después de haberse ejecutado enteramente esta Constitución, se establecerá la libertad de imprenta. Para organizarla se publicará una ley hecha en Cortes.

Dada en Bayona a seis de julio de mil ochocientos ocho. Firmado: José. Por su Majestad: El ministro Secretario de Estado, Mariano Luis de Urquijo.”

En el terreno de los derechos y libertades está clara la influencia francesa en la Constitución de Bayona. No aparecen en una Declaración o en una parte bien separada de la estrictamente orgánica. Dentro del Título VII dedicado al Senado se incluyeron las libertades, convirtiéndose en la institución clave en relación con los derechos en el régimen afrancesado. El artículo 39 estipulaba que el Senado era la institución encargada de garantizar o velar por la libertad individual y por la libertad de imprenta, derecho éste último que aludía, como ocurrió en el resto del constitucionalismo decimonónico, a la libertad de imprenta. Es interesante resaltar que la garantía senatorial en materia de imprenta entraría en vigor cuando se estableciese dicha libertad en una ley, lo que debe ser interpretado como que era un derecho que seguramente sería limitado, habida cuenta del régimen moderado que edificaba el Estatuto. El artículo 145 establecía, al respecto el plazo para que se elaborase esta ley por las Cortes, y que sería de dos años. Aunque se establecía una junta de senadores, la Junta Senatorial de Libertad de Imprenta, para velar por este derecho, no se aplicaba a los periódicos. Los autores e impresores de libros podían recurrir ante esta Junta si se consideraban perjudicados porque no podían publicar un libro o era censurado. Si la Junta lo estimaba conveniente podía ordenar al ministro correspondiente para que revocase la orden dada contra la publicación de un libro. En caso de que el ministro no hiciese lo mandado la Junta podía solicitar la convocatoria del Senado, que si lo estimaba oportuno elevaría su resolución al rey.

En materia de libertad personal el Estatuto era también muy preciso, planteando un especial habeas corpus. El Senado, según el artículo 40 debía nombrar una junta compuesta por cinco senadores (Junta Senatorial de Libertad Individual) con la misión de conocer a través del ministro de la Policía de las detenciones (“prisiones”), aunque referidas a las producidas en los casos de conspiración contra el Estado, como se trataba en el artículo 134. La junta debía actuar en los casos en los que no se hubiera puesto en libertad a los detenidos o puestos en disposición judicial en el plazo de un mes. Pero no parece muy claro que esta intervención afectase solamente a los detenidos en estos casos, ya que el artículo 41 aludía a que todos los detenidos y no puestos en libertad o ante el juez en el plazo citado podían recurrir a la Junta Senatorial directamente o través de parientes o representantes. Esta Junta tendría potestad de ordenar al ministro correspondiente la puesta en libertad de un detenido u obligarle a ponerlo a disposición judicial. Si no se cumpliera lo mandado después de tres requisitorias consecutivas, realizadas en el plazo de un mes, la Junta podría pedir la convocatoria del Senado, que elevaría el caso al rey, según un procedimiento semejante al de la libertad de imprenta.

Las detenciones o prisiones arbitrarias quedaban terminantemente prohibidas, según lo estipulado en el artículo 132, entendidas como tales.

El artículo 126 reconocía la inviolabilidad del domicilio de los españoles. Solamente se podría entrar de día y con un motivo determinado por la ley o con una orden de la autoridad pública.

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