La Agrupación Socialista Madrileña ante las elecciones a Cortes Constituyentes de junio de 1931. Primera Parte

Historia

El 3 de junio de 1931 tuvo lugar una importante Asamblea extraordinaria de la Agrupación Socialista Madrileña en relación con las elecciones a Cortes Constituyentes que se celebrarían a finales de dicho mes, y que supuso el triunfo de los republicanos-socialistas. Interesa acercarse a la misma porque nos permite comprobar cómo funcionó en este momento decisivo la principal Agrupación del PSOE, además de conocer el funcionamiento democrático interno. Este acercamiento lo realizaremos en tres trabajos, dada la amplitud de la materia.

Además de tratarse de cuestiones internas para afrontar el intenso trabajo que se avecinaba, se estudiaron, debatieron y aprobaron resoluciones importantes. En primer lugar, Besteiro, en nombre del Comité, explicó la nueva organización electoral que se iba a aplicar en las elecciones, defendiendo la conveniencia de mantener la coalición electoral con los republicanos. Los socialistas nombrarían a siete candidatos, y los republicanos otros siete. Propuso que en la antevotación los militantes presentasen pliegos con treinta o más firmas en donde se pongan los siete candidatos socialistas. Los pliegos debían enviarse al Comité, que se encargaría, con los nombres que obtuviesen la mayoría, de formar una candidatura que sirviese para la votación. Las propuestas de Besteiro fueron aprobadas.

La asamblea pasó a discutir sobre la convocatoria del Comité Nacional del Partido sobre la celebración de un Congreso extraordinario con el objetivo de establecer el papel del mismo en ese momento histórico, especialmente la relación con el Gobierno, y para diseñar el programa que debía llevar el PSOE a las Cortes Constituyentes. Los socialistas madrileños opinaron que la cuestión de la relación del Partido con el Gobierno era un asunto que debía posponerse hasta después de reunidas las Cortes, momento en el que se convocaría al Partido para resolver.

Besteiro pasó, a continuación, a leer las bases socialistas para la redacción de la Constitución española, que se debían discutir en dicho Congreso:

1. En materia de derechos, además del respeto de la libertad individual, había que garantizar el derecho de asociación, reconociendo la legalidad y necesidad de la existencia de las asociaciones de trabajadores, y estableciendo el derecho de las mismas a estar representadas en cuantos organismos existan o se formasen para el cumplimiento de las funciones económicas y sociales con el control del Estado.

2. El trabajo debía ocupar un lugar primordial en la nueva Constitución, como valor fundamental que daba valor a la ciudadanía. Así pues, debían abolirse los títulos nobiliarios, establecer el derecho de todo ciudadano al trabajo, y elevar a precepto constitucional el establecimiento de los seguros sociales de enfermedad, paro, y para las mujeres embarazadas. La Constitución debía establecer las bases de un Código de Trabajo.

3. El poder legislativo estaría representado por una sola Cámara, elegida por sufragio universal, ejercida por personas de ambos sexos, con igualdad de derechos, tanto como electores como elegibles, y con la única condición de la edad, planteando esa mayoría en los 21 o 23 años. La Cámara debía poseer poderes ilimitados en materia de fiscalización del gobierno, es decir, se apuesta por un legislativo fuerte. Los socialistas consideraban primordial esta función como garantía de un buen funcionamiento institucional. Esa tarea se reforzaría porque el Congreso debía contar con secciones adscritas a cada Ministerio, y en clara conexión con los órganos de la Administración Pública, obligados a prestar toda la colaboración necesaria al poder legislativo.

4. Se proponía la creación de una Cámara de representantes nombrados por las distintas Corporaciones, que reflejen la organización del trabajo. Sería una Cámara, por lo tanto, corporativa, dedicada a fiscalizar al Gobierno. Si en la Cámara legislativa residiría la soberanía legislativa, la Corporativa podría tener el derecho de iniciativa, de discusión y de aprobación de las leyes referidas a la vida económica. ¿Estaríamos hablando de una versión más democrática de la Organización Nacional Corporativa de Primo de Rivera donde los socialistas se movieron sin grandes dificultades?

5. Se hacía necesaria una profunda reforma de la Administración pública para adaptarla a las exigencias de un Estado moderno, siendo más simple pero más eficaz. En la misma línea había que reformar profundamente las instituciones de investigación y divulgación científicas.

6. Defensa de la educación laica con obligación del Estado de atender todas las necesidades docentes. Debía haber igualdad de jerarquía en todos los grados educativos, sin que hubiera diferencias entre el personal docente, en línea con la defensa socialista desde hacía ya un tiempo del cuerpo único. Además, la enseñanza debía ser asequible para todos los españoles, independientemente de su condición social o económica.

7. En materia religiosa había que abordar de inmediato el reconocimiento de la libertad en esta materia, y el derecho de todo ciudadano a negarse a contribuir al sostenimiento de la Iglesia. Los socialistas abogaban en el proyecto que iban a discutir porque se desglosase el presupuesto de Culto y Clero en el presupuesto general solamente para los ciudadanos que no manifestasen su deseo de ser excluidos del mismo.

8. La elección del presidente debía hacer por los miembros de ambas Cámaras.

9. La Constitución podría reformarse siguiendo unas condiciones.

10. Debería admitirse el derecho de referéndum para algunas cuestiones.

11. Habría que variar la organización de las Cámaras en virtud del alcance de la autonomía de Cataluña.

Pero, además de estas Bases, el Gobierno debería adoptar algunas medidas perentorias para solucionar los graves problemas del país:

1. Problema de la tierra, fomento de la ganadería y la repoblación forestal, e industrialización de España.

2. Fomento del gasto reproductivo (inversión) frente al despilfarro.

3. Estabilización de la peseta, y reforma administrativa.

4. Inclusión en la Constitución o en legislación específica de la necesidad de la nacionalización de la industria, empezando por las vitales como el ferrocarril, minas, etc.

5. Abolición de la pena de muerte.

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