En el aniversario de la proclamación de la Segunda República, en medio de la crisis brutal del coronavirus, y de la también crisis de la Corona española pretendemos hacer una reflexión sobre la República, partiendo de la pregunta: ¿sería conveniente, en el marco de un proceso constituyente, que España inaugurara la Tercera República?

La Fundación Pablo Iglesias publicó hace unos años una interesante monografía sobre los primeros socialistas que entraron en los Ayuntamientos en el cambio de siglo, de Manuel Corpa, titulado, Los pioneros. La política socialista en los Ayuntamientos. 1891-1905. Pues bien, en este trabajo nos queremos hacer eco, de forma mucho más modesta, evidentemente, del trabajo de los concejales socialistas en Bilbao, ahondando en la tesis de la importancia que el municipalismo ha tenido tradicionalmente en la política socialista, al estar muy cerca de los ciudadanos. Sin gobernar, los socialistas planteaban propuestas y conseguían en algún caso sacar adelante reformas y mejoras para sus localidades y para los más desfavorecidos.

puerta a determinadas posibilidades de colaboración con otras fuerzas de signo progresista.

En los primeros días de noviembre de 1931 se produjo un cierto debate en la prensa a cuenta del acuerdo adoptado en el ámbito de los servicios en relación con el salario de las dependientas y oficinistas, ya muy numerosas en aquellos momentos. Al parecer, se había aprobado en la negociación del Comité Paritario correspondiente (La Ley de Jurados Mixtos salió en la Gaceta de Madrid el 28 de noviembre, al poco de esta polémica que explicamos), que la remuneración de las dependientas fuera inferior en un 10% de las de los dependientes en cada una de las escalas existentes. Desde nuestra perspectiva podríamos pensar que se trataba de una clara discriminación en función del sexo, pero, en realidad, era una conquista porque el sueldo de estas trabajadoras había sido tradicionalmente muy bajo. Este acuerdo era, por lo tanto, un paso en la equiparación salarial.

En este artículo deseamos estudiar el debate que se produjo en el socialismo internacional en relación con la posibilidad de que los partidos socialistas entablaran alianzas con otras formaciones políticas y hasta pudieran entrar en gobiernos.

En este artículo nos acercamos, dentro del debate parlamentario sobre la Iglesia, a la opinión de uno de los diputados fundamentales en la elaboración y aprobación de la Constitución de 1931 en relación con la vinculación de las órdenes religiosas con el trabajo hospitalario y que, en gran medida, recoge algunas de las ideas que venían denunciando los socialistas desde principios del siglo XX en las páginas de El Socialista. Estamos hablando del prestigioso jurista Luis Jiménez de Asúa, presidente de la Comisión Constitucional.

El artículo 41 de la Constitución de 1931 se refiere a los funcionarios públicos:

Una de las señas de identidad de la izquierda ha sido siempre el debate desde los tiempos de aquellos denominados “mítines de controversia”, propios de fines del siglo XIX y de las primeras décadas del XX en los que socialistas, anarquistas y republicanos participaban para presentar sus propuestas e ideas y confrontarlas con las de los otros ante un público ávido de conocer, de saber y de buscar su propio camino.