El conocido como Decreto Bugallal (dado por el Ministerio de Gracia y Justicia, dirigido por el destacado político conservador Gabino Bugallal) de arrendamientos de 21 de junio de 1920 constituye un hito fundamental en la historia del acceso a la vivienda en favor de la mayoría social, porque la mayor parte de los españoles y españolas vivían como inquilinos, frente a los intereses abusivos de los propietarios. Llama la atención que saliera adelante con los conservadores y con un amplio consenso. Tradicionalmente, se ha pensado que fue una medida para intentar frenar la inflación galopante, pero, como muy bien nos explican Jordi González Guzmán e Irene Sabaté Muriel, fue el resultado de la presión social, del movimiento obrero y de las ligas de inquilinos y de las huelgas que se hicieron al respecto, asuntos que, por nuestra parte, hemos trabajado de forma aproximada en este medio de El Obrero. González Guzmán y Sabaté Muriel insisten en que esta es una cuestión muy poco conocida si se compara con la presión que se realizó para obtener otras leyes o mejoras sociales, como la fundamental jornada de las ocho horas, y estamos totalmente de acuerdo con sus apreciaciones. Sin la presión de los inquilinos y de las organizaciones obreras no se hubiera conseguido este verdadero avance. Pero también es importante destacar, por nuestra parte, que amplios sectores de la patronal se quejaron de lo que estaba pasando porque el aumento de los alquileres afectaba a sus costes (como lo hicieron con el precio de la luz, un asunto que también hemos tratado). La presión de todos estos sectores, en muchos casos, enfrentados por otras cuestiones, pero unidos en esto, sería la clave para entender la respuesta del poder político.

Una de las principales disposiciones legales españolas sobre la vacunación obligatoria y en relación con la viruela fue el Real Decreto de 15 de enero de 1903, dado por el ministro de la Gobernación, Antonio Maura. Repasamos esta norma para aportar materiales con el fin de profundizar en el fenómeno histórico de la vacunación obligatoria.

Una de las primeras disposiciones que aprobó el Gobierno Provisional sobre la separación entre el Estado y la Iglesia fue el Decreto del 6 de mayo de ese año sobre libertad religiosa en las escuelas, en un mes intenso en la historia de las relaciones entre ambas instituciones, y del anticlericalismo violento, entre la Carta Pastoral contra la República del cardenal Segura y la quema de conventos.

“Las Cortes generales y extraordinarias de la nación española, congregadas en la real Isla de León, conformes en todo con la voluntad general, pronunciada del modo más enérgico y patente, reconocen, proclaman y juran de nuevo por su único y legítimo rey al señor D. Fernando VII de Borbón; y declaran nula, de ningún valor ni efecto la cesión de la Corona que se dice hecha en favor de Napoleón, no sólo por la violencia que intervino en aquellos actos injustos e ilegales, sino principalmente por faltarles el consentimiento de la nación.