El derecho de la familia Primo de Rivera en una democracia
La familia Primo de Rivera, a través de un comunicado de su representante, Fernando Primo de Rivera, ha expresado su voluntad de que los restos mortales de José Antonio Primo de Rivera salgan de Cuelgamuros para recibir sepultura en un cementerio católico, siguiendo los deseos planteados en el testamento por el propio José Antonio. Como el anterior denominado Valle de los Caídos dejará de ser un cementerio católico, la familia ha realizado un ejercicio de coherencia y de respeto hacia su antepasado.
Este comunicado expresa un deseo legítimo sin que pueda comentarse nada en contra. Las familias de este país, dentro de lo que es un Estado de Derecho, pueden disponer que sus miembros sean enterrados donde dispongan, ya sea por voluntad expresa del finado en vida o por decisión familiar una vez que se produce el fallecimiento. La familia Primo de Rivera considera que no desea que los restos mortales de José Antonio sigan donde están, por lo que proceden a iniciar los trámites del oportuno traslado. De forma muy loable, además, desean intimidad, y que no se generen conflictos. Por su parte, el Gobierno ha agradecido el proceder de la familia Primo de Rivera.
Es este un ejemplo de lo que es el funcionamiento normal, civilizado y legal en un Estado democrático, y tiene un evidente componente pedagógico histórico, ya que expone cómo se deben hacer las cosas, y cómo no se hicieron en tiempos de la Dictadura que dispuso a su antojo de restos mortales de cientos de españoles de los dos bandos, sin pedir permisos, desenterrando fosas o tumbas y llevándose los restos al Valle de los Caídos. Y eso también puede ser considerado o calificado de humillación, como la familia Primo de Rivera dice en su comunicado cuando expresa que José Antonio con el traslado final “no podrá ser objeto de más humillaciones”. Muchos españoles no católicos y también muchos que lo fueron están enterrados en la cripta por voluntad de un dictador y de las autoridades de aquella época y no por deseo de los familiares, algo que, en realidad, es un escándalo mayúsculo sin olvidar que, aplicando casi todas las legislaciones del mundo, constituye un grave delito. Imagínense, por fin, si alguna familia de fallecidos enterrados en el Valle de los Caídos hubiera podido emitir un comunicado en un periódico o en la radio en 1960, por ejemplo, solicitando lo mismo que hace ahora la familia Primo de Rivera. El traslado forzoso de restos y el no poder reclamarlos en el pasado constituyen, a nuestro entender, e insistimos, también humillaciones que tuvieron que padecer muchos y muchas españoles y españolas.
La familia Primo de Rivera expresa que José Antonio seguirá manteniendo el sitio preeminente que le corresponde en la memoria de muchos españoles. No podemos decir nada sobre eso porque forma parte de un sentimiento personal o familiar y es una verdad objetiva, ya que muchos españoles siguen considerando a José Antonio un referente. Pero debemos recordar también que aquellos españoles y españolas que defendieron la República, tanto los de renombre como los poco conocidos, y perdieron la vida por ello en combate o asesinados en la retaguardia y están enterrados en el Valle de los Caídos, seguirán manteniendo el sitio preeminente que les corresponde en la memoria también de muchos españoles y españolas, y eso también es una verdad objetiva, ya que muchos españoles y españolas siguen considerando a esos españoles y españolas muertos entre 1936 y 1939 en los campos de batalla y en las cunetas, como referentes.
Solamente un comentario más sobre la cuestión de la supresión de los títulos. Es normal que la familia se queje porque perderán algo que se les otorgó en el pasado, y están en su legítimo derecho a expresar una crítica porque viven en una democracia, y el Estado de Derecho ampara la libertad de expresión, y hasta que se emprendan acciones legales contra esta disposición aprobada por las Cortes Generales, es decir, por las dos cámaras del poder legislativo y legítimo de España, como dispone la Constitución. Así pues, toda esta cuestión, desde el respeto a todos los que murieron por la inquina y el odio, supone un ejercicio, como decíamos, sumamente pedagógico, que refleja la inmensa diferencia entre el Estado de Derecho de la España actual y la Dictadura de Franco a la hora de ejercer la administración en relación con los fallecidos y de respetar y atender los deseos de los ciudadanos. Solo resta atender las legítimas demandas de todos los familiares que quieren recuperar los restos de sus antepasados para ser enterrados donde dispongan y puedan en sus tumbas ser recordados y honradas sus memorias.