La hemeroteca nos produce muchas sorpresas cuando estamos metidos en la misma buscando e investigando con los materiales con los que intentamos elaborar nuestros estudios sobre la historia del movimiento obrero de signo socialista en España. Y esas sorpresas llegan, en ocasiones, fruto del azar en el momento justo. Queríamos publicar un artículo sobre la memoria de Pablo Iglesias, en el aniversario de su fallecimiento y parecía lo lógico que nos acercáramos a artículos, escritos y opiniones de miembros del PSOE o de la UGT, como hemos hecho en otras ocasiones. En esas estábamos cuando nos topamos con un número de El Socialista de diciembre de 1959 en el que se reflexionaba sobre el ejercicio de desmemoria que se había realizado con la figura del fundador del socialismo español, en alusión implícita al franquismo, contraponiendo esa actitud con lo que se había hecho en el ámbito de los adversarios políticos cuando Iglesias falleció que, como bien sabemos, fue en plena Dictadura de Primo de Rivera.

Cualquier lector inquieto sobre historia contemporánea sabe que a la Masonería se la ha achacado todo tipo de conspiraciones con fines políticos de distinta índole. La Masonería española siempre fue acusada por el franquismo de ser una de las causantes del supuesto caos que supuso la Segunda República y de gran parte de los “males” que habrían azotado a España desde el siglo anterior, dentro del heterogéneo grupo de supuestos enemigos del país, en la justificación para poner en marcha el golpe de estado del 17-18 de julio de 1936.

“¡Paso al socialismo, catalanes!”

Juan Durán (1874-1941) fue un campesino que desarrolló un intenso protagonismo en el socialismo de Sitges, donde trabajó en la creación de la Sociedad de Obreros Agricultores y en la fundación de la Agrupación Socialista, además de impulsar la construcción de la Casa del Pueblo. Fue concejal de Sitges y miembro del Comité Nacional del PSOE por Cataluña. En los inicios de la CNT, a cuyo congreso fundacional asistió fue partidario de la unión de la UGT con la CNT. Por su parte, en la Dictadura de Primo de Rivera fue un decidido partidario de la colaboración, especialmente en los Comités Paritarios, para después participar en los Jurados Mixtos en tiempos de la República. Terminaría en las filas del PSUC.

La primera reforma importante de las Diputaciones provinciales se planteó en tiempos de la Dictadura de Primo de Rivera, a partir del conocido como Estatuto Provincial de marzo de 1925. Las Diputaciones se convertirían en corporaciones representativas con determinados fines relacionados con la creación, conservación y mejora de los servicios e instituciones. Para ello, había que establecer la consabida financiación. La Diputación pasaría a estar presidida por un diputado. El gobernador civil no tendría voto en las sesiones de la Diputación, y solamente los tribunales de justicia podrían suspender cargos o revocar acuerdos. Pero quedaba un resquicio para la actuación del gobernador, instrumento del gobierno, ya que podía suspender actuaciones de la corporación provincial en caso de infracción manifiesta de las leyes que generasen una grave perturbación del orden público. El problema residía en que esto era a arbitrio del gobernador y, en última instancia del gobierno.

En la Dictadura de Miguel Primo de Rivera se planteó una serie de reformas en la administración territorial de España que pretendía modernizarla, terminar con el caciquismo y acercar más la administración a los ciudadanos. Intentaremos dar unas claves de lo planteado y de sus limitaciones.

En este trabajo nos acercamos al estudio de una cámara legislativa distinta a las propias de regímenes liberales y democráticos, y en la Historia de España, y más cercana, aunque no igual, a las Cortes franquistas. Estamos hablando de la Asamblea Nacional Consultiva de la Dictadura de Primo de Rivera. Se trata de una experiencia del corporativismo que se inscribe en un contexto general sobre esta filosofía política, pero también concreta de la segunda etapa de este régimen político, caracterizada por el intento de institucionalización del mismo para superar la provisionalidad primigenia.

"Al país y al ejército españoles: Ha llegado para nosotros el momento más temido que esperado (porque hubiéramos querido vivir siempre en la legalidad y que ella rigiera sin interrupción la vida española) de recoger las ansias, de atender el clamoroso requerimiento de cuantos amando a la Patria no ven para ella otra solución que libertarla de los profesionales de la política, de los que por una u otra razón nos ofrecen el cuadro de desdichas e inmoralidades que empezaron en el año 98 y amenazan a España con un próximo fin trágico y deshonroso [...]. No tenemos que justificar nuestro acto, que el pueblo sano demanda e impone [...]. En virtud de la confianza y mandato que en mi han depositado, se constituirá en Madrid un Directorio Militar con carácter provisional encargado de mantener el orden público [...]. Para esto, y cuando el ejército haya cumplido las órdenes recibidas [...] buscaremos al problema de Marruecos solución pronta, digna y sensata [...]. La responsabilidad colectiva de los partidos políticos la sancionaremos con este apartamiento total a que los condenamos [...].

Los partidos dinásticos del turno político del sistema de la Restauración –conservadores y liberales- estaban realmente muertos al terminar la Dictadura de Primo de Rivera.