Georges Bourgin y el primer balance de la Conferencia de Washington de 1919

Bourgin recordaba que en dicha Conferencia 48 gobiernos allí representados se dieron reglas en materia de legislación social acerca de la jornada de ocho horas, sobre el paro, el trabajo femenino y de los niños, sobre higiene obrera y en relación con la emigración. En la Conferencia se convino que cada Estado adherido estaría obligado en un plazo determinado a someter a sus autoridades competentes los acuerdos allí adoptados con el fin de ponerlos en práctica, son pena de sanciones por parte de la Sociedad de Naciones. En todo caso, Bourgin reconocía los problemas derivados de la abstención norteamericana en relación con la Sociedad, de la oposición de los “elementos latinos y anglosajones”, y sobre todo de la dificultad de hallar soluciones concretas a los problemas, generando en el tiempo transcurrido no “pocas ironías y desilusiones”.

Bourgin hablaba de la OIT como una especie de “super-Estado”, con misión esencialmente informativa, que podría llegar a la acción si se ponían a ello las fuerzas obreras organizadas nacional e internacionalmente. Ponía como ejemplo positivo un asunto reciente en relación con trabajadores de las industrias de transportes marítimos que se habrían combinado con la OIT para comenzar una campaña de la que se esperaban resultados positivos en favor de las condiciones laborales.

A nuestro historiador le preocupaba, como hemos visto, la cuestión de la puesta en marcha de las decisiones tomadas en la Conferencia. Explicaba en su artículo que algunas estaban siendo sometidas a las instituciones legislativas y administrativas de cada estado. Y en este sentido, hablaba como algunos solamente se habían limitado a acusar recibo de las resoluciones, como habían hecho Bolivia, Canadá, Colombia, Dinamarca, Honduras, Liberia, Portugal, Nueva Zelanda, El Salvador, Siam y Uruguay. Pero también existían otros que ni tan siquiera habían cumplido con esa formalidad. En este grupo estaban: Australia, Brasil, China, Cuba, Ecuador, Finlandia, Guatemala, Haití, Hedjaz, Países Bajos, Japón, Paraguay, Perú, Persia, Rumanía y Yugoeslavia.

En contrapartida también había países que estaban ratificando acuerdos tomados en la Conferencia. Así pues, Argentina estaba planteando una revisión legislativa sin grandes problemas. Por su parte, Austria había introducido algunas pequeñas modificaciones en sus leyes. Bélgica había sido más ambiciosa, ya que las convenciones aprobadas habían sido firmadas por el rey, y una ley las iba a promulgar en su conjunto. En Chile existían en ese momento tres proyectos de ley presentados en el Congreso. Al parecer, era muy seguro que en breve plazo Checoslovaquia aprobaría una reforma legal que modificaría muy ligeramente su legislación en vigor. En Francia habían surgido algunas dificultades relativas a las formalidades de la ratificación de los convenios, especialmente en el tema del paro. En Alemania estaba preparándose la ley acerca de la jornada laboral, y las demás convenciones serían presentadas en breve en el Reichstag. Gran Bretaña había revisado su ley de las horas de trabajo, y tenía planteadas leyes acerca del trabajo de las mujeres y los niños. Por su parte, el ministro de Higiene Pública estaba estudiando el convenio relativo al trabajo de la mujer antes y después del parto. Grecia había ratificado formalmente todos los acuerdos. En la India los gobiernos provinciales estaban examinando las convenciones. Italia había ratificado las seis convenciones presentadas por ley. En Luxemburgo, el gobierno había propuesto la ratificación legislativa. En Noruega unos comités nombrados por el gobierno se estaban dedicando a examinar las convenciones para proponer al parlamento un proyecto de ley. El ministro de Trabajo polaco estaba revisando las convenciones. A propuesta del gobierno se habían ratificado las convenciones en bloque en Sudáfrica. El Instituto de Reformas Sociales español estaba preparando los proyectos de ley relativos a cada una de las convenciones. Por su parte, el parlamento sueco iba a estudiar todas las convenciones menos la relativa al paro. En Suiza estaban trabajando el ministro de Economía pública y una conferencia paritaria. Por fin, Venezuela había aprobado todo. A tenor de todos estos datos, Bourgin era optimista, opinando que en un breve plazo se habrían convertido en leyes obligatorios los acuerdos tomados en la Conferencia.

Hemos trabajado con el número 3716 de El Socialista, de 7 de enero de 1921.