La decisión socialista por una campaña por el derecho de asociación obrera en 1902

Historia

Los socialistas decidieron en el verano de 1902 emprender una campaña de protesta por lo que consideraban un incumplimiento de la legislación en materia de asociación obrera ante una serie de hechos que se estaban produciendo. En realidad, esa campaña comenzaría un poco antes con el acto del Teatro Barbieri en relación con lo que estaba pasando con los patronos carpinteros que habían avisado que no contrarían trabajadores si estaba asociados, con el apoyo del Gobierno Civil. En dicho mitin ya Pablo Iglesias anunció que a ponerse en marcha una campaña de movilización para defender el derecho de asociación.

Y así fue anunciado en el periódico El Socialista unos días después. La columna explicaba que cuando Sagasta (recordemos el amplio reformismo liberal en el Gobierno Largo de 1885-1890) sacó adelante un conjunto de reconocimiento de derechos, entre los que se encontraba el de asociación, el empresariado español no puso mucha resistencia porque pensaba que los trabajadores no se acogerían a dicho derecho o que lo practicarían “inconscientemente”. Pero con el tiempo, en una interpretación sobre lo que se consideraba un aumento de la conciencia de clase, los trabajadores habían comenzado a ejercer dicho derecho, provocando, en consecuencia, la respuesta patronal. Pero esa oposición a dicho derecho no pasaba por una petición de su derogación, sino que se empleaba otro método, que era el de no contratar a trabajadores asociados, y amenazando a los que estaban asociados con ser despedidos si no disolvían sus Sociedades Obreras.

En Vitoria se había puesto en marcha una huelga en relación con los metalúrgicos por eta razón. Por su parte, en San Sebastián también había estallado otro conflicto con los canteros por lo mismo; y, por fin, se citaba el caso de los carpinteros madrileños, que hemos comentado. Al parecer, los consejeros y directores de las Compañías ferroviarias, entes con un enorme poder, se habían manifestado también en esa línea contra la asociación de sus trabadores. Estaban dispuestos a entenderse con ellos, pero no con ninguna Sociedad Obrera.

Para los socialistas era un insulto que quienes hacían uso del derecho de asociación, porque así convenía a sus intereses, impidiesen ese mismo ejercicio a sus trabajadores, ya que, los patronos estaban asociados, tanto en el caso donostiarra como en el madrileño.

Pero el problema se agravaba porque conseguían el apoyo de las autoridades. No se había instruido ningún proceso sancionador, y hasta algunos gobernadores, como el madrileño, habían declarado que la conducta de los patronos carpinteros se ajustaba a derecho, mientras que el ministro Moret declaraba que no había nada legislado al respecto. Pero los socialistas apelaban a la Constitución, a la que consideraban, en consecuencia, letra muerta. Pero, además, aludían al propio Moret, autor del Real Decreto de Trabajo, ya que en dicha disposición se estipulaba que se someterían a las Comisiones Locales de Reformas Sociales las cuestiones relativas al incumplimiento en el contrato de trabajo. Los socialistas interpretaban que si no había Sociedades Obreras era imposible que se pudiera llegar a acuerdos entre las dos partes, ya que se impedía a los trabajadores organizarse. Claro está, que, seguramente, aventuramos nosotros, se podría contestar que eso lo debía hacer la empresa con el trabajador individualmente que, como es sabido, no tendría la fuerza que un sindicato.

Pero se avisaba que si esa actitud persistía las Sociedades Obreras comenzarían a reclamar el cumplimiento de la ley porque el derecho de asociación era necesario e indispensable para los trabajadores para realizar sus reivindicaciones de carácter inmediato. Si la movilización pacífica no servía para obligar a la patronal a respetar el derecho de asociación y a las autoridades a que hicieran cumplir la ley, se acudiría a la violencia.

Así pues, había que emprender una campaña por todo el país para que se respetase el derecho de asociación, y se castigase a quien no lo hiciera.

Hemos consultado el número 854 de El Socialista del 18 de julio de 1902. El autor de este trabajo tiene un artículo que explica la labor legislativa del Gobierno de Sagasta, titulado, “El Gobierno de Sagasta (1885-1890)”, en Nueva Tribuna (noviembre de 2016). Sobre el derecho de asociación podemos acudir al trabajo de José Daniel Pelayo Olmedo, “El derecho de asociación en la Historia constitucional española, con particular referencia a las leyes de 1887 y 1964”, en Historia Constitucional (revista electrónica), nº 8, (2007), y que podemos consultar en la red. Por fin, contamos con un trabajo propio, “Historia del derecho de asociación en España”, en Los Ojos de Hipatia, (septiembre de 2013).

Este sitio utiliza cookies. Al seguir navegando entiendo que aceptas mi política de cookies.
Más información Entendido