Los socialistas en el debate presupuestario municipal de Bilbao en 1900

En las elecciones municipales de 10 mayo de 1891 resultaron elegidos en Bilbao cuatro socialistas como concejales: Facundo Perezagua, personaje fundamental del socialismo vizcaíno y español, Luciano Carretero, Dionisio Ibañez y Manuel Orte y Andrés. También fue elegido Facundo Alonso por San Salvador del Valle, el fundador de la Agrupación Socialista de La Arboleda. A los cinco les cabe el honor de ser los primeros concejales socialistas en la Historia contemporánea española. Pero la legislación electoral de este momento de la Restauración exigía una condición para acceder a este cargo. Había que ser propietario y pagar contribución. Tenemos que tener en cuenta que aquella elección se produjo por sufragio universal masculino gracias al cambio legislativo impulsado por los liberales de Sagasta el año anterior frente a la postura conservadora de Cánovas. Pero si esto supuso un claro avance democrático, a pesar de que el caciquismo siguió siendo tan o más fuerte que en el pasado, especialmente en el ámbito rural, se mantuvo una condición censitaria en el requisito para acceder al cargo electo. Así pues, los socialistas elegidos no pudieron ser nombrados concejales porque eran obreros. La única excepción fue Manuel Orte y Andrés porque pagaba una modesta contribución por un despacho de carbón. En todo caso estas elecciones supusieron un claro éxito del socialismo que comenzaba a tener un peso y presencia muy grandes en Bilbao y su entorno. Fue en el ámbito urbano donde el republicanismo y el socialismo comenzaron a resquebrajar el entramado electoral del turnismo político.

En El Socialista podemos consultar una muestra del trabajo de los socialistas en el consistorio bilbaíno en el año 1900. A finales de ese año presentaron algunas propuestas en el debate presupuestario, que siempre es fundamental porque define la política a seguir. Nos vamos a centrar en las propuestas sobre los ingresos e impuestos porque recogían muchas reivindicaciones tradicionales del movimiento obrero sobre un sistema fiscal que era claramente desfavorable para las clases humildes.

La primera propuesta tenía que ver los consumos, el impuesto indirecto más denostado por todo el movimiento obrero durante la segunda mitad del siglo XIX y comienzos del XX por su naturaleza profundamente injusta. El término de “consumos” alude al conjunto de impuestos indirectos que gravaban el consumo de la población. La denominación aludía a varias figuras impositivas, generando cierta confusión hasta la reforma hacendística de Mon-Santillán de 1845, cuando por vez primera se ordenó y estructuró el sistema fiscal español en el Estado liberal. En ese momento se creó la Contribución General de Consumos. Era un impuesto general, ordinario e indirecto que gravaba una veintena de productos básicos, de “comer, beber y arder”. A cada población se le asignaba una cantidad anual que debía remitir a la Hacienda pública. La cantidad se calculaba atendiendo al número de habitantes de cada localidad, entre otros criterios. Los Ayuntamientos estaban autorizados a imponer recargos sobre los productos gravados de hasta un 100%. De esta manera, esta contribución se convirtió en la principal fuente de ingresos, tanto de la Hacienda nacional, como de las Haciendas locales.

Los consumos generaron muchos problemas por las dificultades para su recaudación, coexistiendo varios procedimientos para hacerlo. Pero la polémica principal tenía que ver con el hecho de que gravaba productos de primera necesidad, afectando a las clases populares. Muchas de las revueltas, protestas y motines decimonónicos tuvieron que ver con el deseo de la población de rebajar o suprimir los consumos, o esta demanda acompañaba a otras de diverso signo, como las que tenían que ver con el sistema de reclutamiento, y la elevación de los precios por la falta de pan, dadas las periódicas crisis de subsistencia que aún en el siglo XIX, y principios del XX se daban en España. Los consumos encarecían el precio final de los productos, pero, además, su recaudación generaba una clara desigualdad, ya que los grandes propietarios y comerciantes pudieron zafarse de los consumos gracias al fraude. Por otro lado, se protestaba también porque los intermediarios basaban sus negocios en el recargo y encarecimiento de los productos básicos.

Pues bien, para el caso bilbaíno, los socialistas solicitaron su abolición, pero como era necesario contar con fondos, este tributo debía ser sustituido por un impuesto sobre la propiedad, la industria y el comercio, solicitando la oportuna autorización de la Diputación Provincial, todo un ejemplo de política fiscal, a escala municipal, claramente progresista. En esa misma línea había que revisar los cánones sobre terrenos y por la cesión de pastos porque habían aumentado su valor, así como por los derechos sobre las construcciones de mayor coste, ya que había que recaudar más, incidiendo en cuestiones que afectaban más a los propietarios que a los trabajadores. Por eso mismo, el impuesto sobre la carne debía rebajarse (10 céntimos de rebaja por kilo), y la merluza debía dejar de considerarse como pescado de primera, lo que suponía que su consumo se debía gravar menos. También había que terminar con los derechos sobre las cabezas de besugo porque eran mayoritariamente consumidas por los pobres. Otro artículo de primera necesidad que debía dejar de estar gravado era el aceite, aunque podían aumentar los derechos sobre las botellas del aceite más refinado, porque, presumimos, era el consumido por consumidores de mayor poder adquisitivo. El impuesto sobre el jabón debía desaparecer porque había que fomentar la higiene personal. La cuestión de la sanidad preocupaba a los socialistas porque querían que se suprimiesen los ingresos en concepto de análisis que se hacían a los particulares en el Laboratorio municipal sobre los productos alimenticios.

Los impuestos sobre el champán extranjero y nacional, así como sobre los “vinos generosos” en cambio, debían subir, como sobre el consumo de marisco. Otros aumentos debían ir aplicados, aunque de forma gradual, a las Sociedades de Recreo. Otro aumento debía producirse en las fondas, en su instalación y anualmente. Las entradas más caras de los espectáculos públicos debían estar más gravadas frente a las más baratas.

Los socialistas, como vemos, hicieron un estudio muy pormenorizado sobre la carga fiscal que soportaban los habitantes de Bilbao, defendiendo una baja de impuestos en los productos y servicios más demandados por los obreros y más humildes, frente a los de demanda burguesa.

Pero las propuestas socialistas en materia fiscal no prosperaron en el Ayuntamiento de Bilbao. El Socialista criticaba esta realidad y advertía a los obreros para que fueran conscientes de lo que defendían los denominados “concejales burgueses” para no votarles en futuras elecciones. Se hacía, pues, un llamamiento a la conciencia de clase y al voto obrero, en un ejercicio de pedagogía política.